LA TENTACIÓN DE CONTROLAR LA VERDAD
Aquiles Vah RodPlayas de Rosarito, BC.14/09/2026
● La democracia no comienza a morir cuando se cierran los periódicos ni cuando se apagan las cámaras; comienza a deteriorarse cuando desde el poder se construyen listas de quienes deben ser considerados enemigos.
● Lo preocupante es cuando desde el gobierno se presenta públicamente un supuesto “ecosistema” de periodistas, políticos y comentaristas que, bajo la etiqueta de ser críticos de la Cuarta Transformación, son colocados bajo el reflector del poder.
● La presentación realizada por Luisa María Alcalde Luján, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, al exhibir nombres de periodistas, medios y actores políticos que —según su interpretación— participan en una estrategia para golpear al gobierno de Claudia Sheinbaum, debería encender las alarmas de cualquier ciudadano, independientemente de su simpatía partidista.
● El gobierno tiene todo el derecho de defenderse, aclarar datos y confrontar argumentos. El problema aparece cuando el poder público utiliza su enorme capacidad de comunicación para identificar públicamente a quienes considera responsables de una narrativa adversa.
● Pero: ¿quién le otorgó al gobierno la autoridad moral para determinar qué periodistas dicen la verdad, cuáles manipulan y quiénes forman parte del “enemigo”?
● Aquí aparece el verdadero punto de quiebre.
● Si el gobierno tiene bajo su control político el Ejecutivo y una enorme capacidad institucional para controlar el poder judicial y al instituto de la democracia como el INE, que deberían funcionar como contrapesos independientes; ahora pretenda establecer mecanismos capaces de determinar cuándo un contenido vulnera determinados derechos de las audiencias según la narrativa del gobierno.
EL DERECHO DE LAS AUDIENCIAS
● El debate sobre los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias lleva justamente esa discusión al terreno de los medios de comunicación. Proteger a las audiencias es legítimo y necesario.
● Nadie debería oponerse a que existan mecanismos para atender quejas, exigir rigor y defender derechos. Pero, como advierte el académico Diego García Ricci, el asunto verdaderamente delicado está en determinar quién interpreta esos derechos, bajo qué criterios y hasta dónde puede intervenir la autoridad.
● México ya conoce esa historia. Durante décadas, el autoritarismo latinoamericano no siempre necesitó prohibir periódicos para controlar la conversación pública; bastaba con castigar económicamente, presionar políticamente, desacreditar periodistas, repartir privilegios, cerrar espacios y construir desde el gobierno la idea de que quien cuestionaba al régimen estaba contra la patria.
● Hoy el contexto es distinto, pero la advertencia permanece vigente: el autoritarismo moderno no necesariamente quema imprentas; a veces simplemente señala con el dedo a quienes deben ser considerados enemigos.
● Por eso resulta particularmente grave que desde el poder se utilicen expresiones y categorías que pueden dividir a la sociedad entre quienes están con la transformación y quienes supuestamente están contra ella.
● El periodista que cuestiona a una presidenta no deja de ser periodista; el medio que publica información incómoda no se convierte automáticamente en enemigo del Estado. La democracia existe precisamente para que nadie tenga que pedirle permiso al gobierno para disentir.
● Exhibir nombres desde el poder sin una consecuencia jurídica clara puede producir un efecto político mucho más profundo que cualquier conferencia de prensa: hacer que otros periodistas comiencen a preguntarse si la próxima lista llevará su nombre.
● Una libertad que solamente funciona cuando el gobierno está de acuerdo con ella no es libertad.
● Hoy más que nunca no necesitamos listas negras, pero sí más respuestas públicas; menos etiquetas y más transparencia; menos enemigos imaginarios y más rendición de cuentas. El poder no debería preguntarse cómo silenciar a quienes lo cuestionan, sino cómo demostrarles que están equivocados.
● La discusión trasciende a MORENA, al PAN, al PRI, a cualquier partido y a cualquier presidenta o presidente. Hoy puede utilizarse el argumento de proteger a las audiencias; mañana ese mismo mecanismo podría terminar utilizándose contra cualquier medio incómodo.
● Estar vigilantes. El poder cambia de manos, los partidos cambian de nombre y los gobiernos terminan; pero las instituciones que permitimos debilitar pueden tardar generaciones en reconstruirse.
● Permitir que desde el gobierno se decida quién puede hablar, quién merece credibilidad y quién debe ser señalado como enemigo, habremos permitido que la frontera entre autoridad y autoritarismo se vuelva peligrosamente invisible. La libertad cuesta, sí; pero el precio de perderla siempre termina siendo infinitamente mayor.
● MORENA tiene derecho a defender su proyecto, a responder a sus adversarios y a cuestionar a los medios; lo que no puede pretender es que desde el poder se convierta en árbitro de la verdad y confunda la crítica con una conspiración, esto es una tentación hacia el autoritarismo.
● La verdad no necesita autorización de Palacio, ni permiso del régimen morenista, ni aval de ningún gobierno; porque si el poder intenta apropiarse de ella, la primera obligación de una sociedad libre es impedir que la libertad termine convertida en obediencia
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