La moralidad de la 4T: ENTRE EL BIEN Y EL PODER

Publicado el 23 de septiembre de 2026, 0:20

La moralidad de la 4T:

ENTRE EL BIEN Y EL PODER

Aquiles Vah RodPlayas de Rosarito, B.C. 07/08/2026

La política siempre ha sido el terreno de las contradicciones. Desde Maquiavelo hasta nuestros días, el poder ha encontrado múltiples justificaciones para sobrevivir.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre la estrategia política y la renuncia absoluta a toda moralidad. Si la ética desaparece, la política deja de ser un instrumento para servir a la sociedad y se convierte en un espectáculo donde el único objetivo es conservar el poder.

Hoy, la llamada Cuarta Transformación (MORENA) enfrenta una de las pruebas más profundas de su legitimidad moral. El movimiento que prometió regenerar la vida pública parece encontrarse atrapado en las mismas prácticas que durante años denunció con vehemencia y, en varias ocasiones, incluso superándolas.

Las campañas adelantadas, las pugnas internas, las traiciones públicas y políticas que después terminan en abrazos frente a las cámaras, así como los discursos incendiarios que se convierten en alianzas coyunturales al día siguiente, revelan una política donde la congruencia ha dejado de ser un valor y ha sido sustituida por la conveniencia.

El ciudadano observa desconcertado cómo quienes ayer se acusaban mutuamente de traición hoy son convocados a “cerrar filas” con la gobernadora del estado.

La reconciliación política no sería criticable si naciera del reconocimiento de errores y del compromiso con el interés público. Lo preocupante es cuando esa unidad parece responder únicamente a la necesidad de preservar estructuras de poder, dejando en el olvido las acusaciones, los señalamientos y las diferencias que apenas unas semanas antes parecían irreconciliables.

Especialmente delicado resulta el debate público en torno a diversos actores políticos a quienes el gobierno de los Estados Unidos les ha retirado visas o impuesto restricciones migratorias por razones que han generado una intensa discusión nacional.

Independientemente de las responsabilidades jurídicas que solo pueden determinar las autoridades competentes mediante el debido proceso, estos acontecimientos colocan sobre la mesa preguntas que el poder político no puede simplemente ignorar ni minimizar.

La respuesta institucional de MORENA hacia los precandidatos a la gubernatura del estado no puede consistir únicamente en “cerrar filas” con la mandataria estatal, descalificar a quienes cuestionan o reducir toda crítica a una conspiración política.

Lo más inquietante no son únicamente las disputas internas de un partido o de un gobierno. Lo verdaderamente preocupante es la normalización de la simulación como método político.

Se pronuncian discursos de combate a la corrupción mientras la ciudadanía percibe que los principios parecen negociables.

Maquiavelo escribió que el príncipe debía aprender a no ser bueno cuando las circunstancias así lo exigieran. La política contemporánea parece haber llevado esa premisa a un extremo insospechado: ya no se trata solamente de separar la moral de la política, sino de convertir la ausencia de moral en una estrategia permanente de gobierno.

La consecuencia más grave no es únicamente el deterioro de un movimiento político. Es el deterioro de la confianza social.

Cada promesa incumplida fortalece el cinismo ciudadano.

Cada contradicción debilita la credibilidad institucional.

Cada acto de simulación alimenta la percepción de que todos los discursos terminan siendo intercambiables.

La pregunta que empieza a recorrer la conciencia colectiva resulta inevitable: si las instituciones nacionales no logran ofrecer respuestas convincentes frente a los cuestionamientos públicos, ¿de dónde vendrá la justicia?

No corresponde a gobiernos extranjeros sustituir las responsabilidades del Estado mexicano. Tampoco debería una decisión administrativa de otro país convertirse en el principal detonador del debate nacional sobre la integridad de nuestros gobernantes. Lo verdaderamente preocupante sería que la sociedad depositara más confianza en acciones externas que en la capacidad de las instituciones mexicanas para investigar con independencia, garantizar el debido proceso y sancionar, cuando corresponda, cualquier conducta ilícita.

La justicia no puede depender de una visa.

No puede depender de filtraciones.

No puede depender de intereses geopolíticos.

Debe depender de instituciones fuertes, autónomas y confiables.

Baja California necesita recuperar algo mucho más importante que una victoria electoral: necesita recuperar la autoridad moral de quienes gobiernan.

Al final, será el ciudadano quien emita el juicio definitivo en las urnas. Pero el voto solo será verdaderamente libre cuando esté acompañado de información, memoria y conciencia crítica.

La verdadera transformación de Baja California no comenzará cuando cambie un partido en el poder, sino cuando la moral pública vuelva a ser un requisito indispensable para ejercerlo.

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