GOBERNAR NO ES SUSPENDER
Marina del Pilar: entre las crisis políticas, los apagones y una educación que siempre termina esperando. Las escuelas no pueden convertirse en la válvula de escape de las deficiencias de coordinación gubernamental.
Aquiles Vah Rod
Playas de Rosarito, B.C.- 12/10/2026
Ahora que, cuando llegan las lluvias o el calor, Baja California vuelve a enfrentar una pregunta incómoda: ¿sus autoridades están preparadas para prevenir las contingencias o solamente saben reaccionar cuando los problemas ya rebasaron su capacidad de respuesta?
Apagones, interrupciones en el suministro de agua y suspensión de clases. Ante las fallas de los servicios esenciales, la respuesta parece repetirse: detener actividades, pedir precauciones y esperar a que pase la emergencia.
Pero ¿desde cuándo suspender se convirtió en una política de prevención?
Gobernar no es paralizar al estado cada vez que el clima pone a prueba su infraestructura. Gobernar es anticiparse.
MARINA DEL PILAR: ¿HIZO LA TAREA?
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda tiene una explicación pendiente ante los bajacalifornianos: ¿qué hizo su administración para anticipar el crecimiento de la demanda eléctrica y evitar que las deficiencias de infraestructura terminaran afectando a miles de familias? En este momento, cuando quien firma estas línea, varias colonias se encuentran sin luz eléctrica.
El 3 de septiembre, Uniradio Informa reportó que Tijuana contaba con 32 subestaciones eléctricas y recogió la estimación de un especialista sobre la necesidad de construir cinco más. El 6 de octubre, el director de la Comisión Estatal de Energía, Joaquín Gutiérrez Ley, reconoció que la infraestructura no estaba preparada para las temperaturas registradas ni para el incremento del consumo eléctrico.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿la administración estatal hizo oportunamente la tarea de gestionar, coordinar y exigir las inversiones necesarias, o llegó tarde a una crisis que debió anticipar?
La CFE tiene también responsabilidades directas sobre su operación. Pero no puede el Gobierno estatal refugiarse en las atribuciones de otra institución para eludir su responsabilidad política de gestionar soluciones y defender los intereses de la población.
Y aquí cabe otra pregunta, incómoda pero legítima: mientras los problemas de infraestructura exigían atención, ¿cuánto espacio de la agenda pública ocupó la promoción personal en redes sociales y cuánto se dedicó a informar sobre resultados, inversiones y compromisos verificables?
La actividad de Marina del Pilar en TikTok ha sido objeto de atención pública, incluso con su regreso a la plataforma reportado el 29 de septiembre por TV Azteca Baja California. Tener presencia en redes no constituye, por sí mismo, una falta. El problema surge cuando la comunicación política no viene acompañada de respuestas suficientes sobre las necesidades cotidianas de los ciudadanos.
Gobernadora, no hay que confundir visibilidad con resultados. La popularidad digital no sustituye la infraestructura; un video no enciende las casas sin electricidad ni devuelve las horas de clase perdidas.
UNA CRISIS POLÍTICA QUE TAMBIÉN EXIGE EXPLICACIONES
A los problemas de gestión se suma la controversia relacionada con Estados Unidos y Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora.
El Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra Torres y otras personas y empresas por presuntos vínculos con el crimen organizado. El caso adquirió mayor relevancia pública por la relación personal y empresarial que existió entre ambos.
Marina del Pilar ha sostenido que se divorció de Torres en noviembre de 2025 y que se separó de la empresa Vida Orgánica Tijuana en 2023. También ordenó revisar posibles relaciones contractuales entre el Gobierno estatal y empresas incluidas en los señalamientos estadounidenses.
Es indispensable distinguir entre las acusaciones formuladas por autoridades extranjeras y las responsabilidades que, en su caso, se determinen mediante los procedimientos correspondientes. Los señalamientos no deben presentarse como una sentencia judicial contra la gobernadora.
Sin embargo, la controversia sí plantea interrogantes legítimos sobre la transparencia, los posibles conflictos de interés y los mecanismos de vigilancia dentro de la administración estatal.
¿CADA VEZ QUE HACE CALOR O LLUEVE, SE SUSPENDEN LAS CLASES?
Este es uno de los puntos más preocupantes.
Cuando las temperaturas extremas o las lluvias representan un peligro real, suspender clases puede ser necesario. Ningún calendario escolar está por encima de la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores.
Pero una medida excepcional no debe convertirse en la respuesta automática ante cada episodio climático.
Si hace calor, se suspenden las clases. Si llueve, vuelve a plantearse la suspensión. Y mientras tanto, las familias reorganizan sus jornadas, los estudiantes pierden tiempo de aprendizaje y las escuelas quedan sujetas a una dinámica de interrupciones que exige mejores mecanismos de prevención y continuidad académica.
No se trata de mantener abiertos los planteles a cualquier precio. Se trata de identificar riesgos, mejorar protocolos, coordinar servicios y establecer alternativas para recuperar los contenidos cuando una contingencia obligue a cerrar.
Tampoco es aceptable que la suspensión escolar termine funcionando como una solución indirecta para facilitar la operación de otras instituciones gubernamentales. Si determinadas dependencias necesitan ajustar sus actividades ante una contingencia, deben contar con protocolos propios, sin trasladar innecesariamente esa carga al sistema educativo.
La educación no es una actividad secundaria que pueda detenerse cada vez que el funcionamiento del estado se complica. Es un derecho y una responsabilidad pública.
Proteger a los estudiantes significa mantenerlos a salvo, pero también reducir las interrupciones evitables y garantizar la recuperación del aprendizaje.
LAS LLUVIAS NO SON UNA EXCUSA
La llegada de las precipitaciones obliga a evaluar drenajes, vialidades, zonas de riesgo, sistemas de bombeo y protocolos de protección civil. También exige coordinación para evitar que una contingencia afecte más de lo necesario a las familias y a los servicios esenciales.
Por eso, el Gobierno estatal y los ayuntamientos deben informar qué medidas preventivas ejecutaron, qué zonas requieren atención prioritaria y qué recursos tienen disponibles. La CFE, por su parte, debe explicar las causas técnicas de las fallas eléctricas y los plazos previstos para atenderlas.
EL PROBLEMA NO ES EL CLIMA. ES LA FALTA DE RESPUESTAS.
Baja California enfrenta desafíos previsibles: crecimiento urbano, mayor demanda eléctrica, infraestructura que necesita renovarse y temporadas de calos y lluvias que ponen a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades.
Ante ese escenario, Marina del Pilar debe explicar qué resultados concretos puede acreditar su administración en materia de gestión, prevención y coordinación institucional.
Lo que no puede normalizarse es que cada problema termine en una suspensión, cada suspensión en un comunicado y cada comunicado en una promesa sin fecha.
Marina del Pilar tiene derecho a comunicar su gestión en redes sociales y a defenderse de los señalamientos que la involucran. Pero su obligación principal no está en TikTok ni en la administración de una crisis política: está en gobernar Baja California y rendir cuentas a sus habitantes.
Los apagones requieren soluciones. Las lluvias exigen prevención. Las escuelas necesitan condiciones seguras y continuidad académica.
Porque si el calor suspende las clases, los apagones paralizan los hogares y las lluvias ponen a prueba la infraestructura, la pregunta ya no es qué actividad debe cancelarse. La pregunta es qué hizo el gobierno para evitar llegar a ese punto. Que no se nos acostumbre.
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